La Corte Suprema ratificó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la Central Río Cuervo en Aysén, lo que fue visto como “un espaldarazo” a la compañía Energía Austral. La noticia sorprendió a los abogados y recurrentes, quienes sostienen que el Máximo Tribunal eludió pronunciarse sobre el riego a la vida de las comunidades que genera la iniciativa. Mientras, ambientalistas ven la medida como la primera señal de una nueva arremetida de Centrales Hidroeléctricas.




La Tercera Sala del Máximo Tribunal rechazó el recurso de protección que buscaba invalidar la calificación ambiental del proyecto de Energía Austral, firma que comenzó con la tramitación de Río Cuervo el 2007 y obtuvo su autorización el año pasado, pese a la fuerte negativa de las comunidades aledañas.

El proyecto hidroeléctrico se emplazaría en la región de Aysén y considera una inyección de 640 MW de energía al Sistema Interconectado Central (SIC). Este viernes 22 de agosto el titular del Medioambiente, Pablo Badenier, indicó que respetará los fallos de la Justicia en esta materia y que queda satisfecho sobre que los permisos fueron “bien otorgados”.

Sin embargo, el abogado Rodrigo Pérez de la ONG Fiscalía del Medioambiente (FIMA), organización que presentó el recurso de protección, manifestó su molestia ya que fallo estableció que “los Tribunales Ambientales son los llamados a conocer las controversias medioambientales que se encuentren sometidas a su competencia”. En ese sentido, afirmó que la Corte Suprema si tenía atribuciones para pronunciarse en resguardo de la población de Aysén.

“El proyecto Central Cuervo está emplazado en una falla geológica, en el cordón de fallas Liquiñe Ofqui, y esa falla ha tenido antecedentes bastante próximos de movimientos sísmicos. Sin ir más lejos el 2007 hubo un terremoto en la zona. Esta es una central de embalse y existen también estudios que indican cierto riesgo de que las centrales de embalse, sobre todo si están emplazados en una falla geológica, aumenten aún más el daño que puede generar un movimiento sísmico”, afirmó.

El abogado añadió que esto no es sólo técnico y ambiental y que hay un riesgo a la vida, a la población, que merece ser tutelado por los Tribunales Superiores de Justica. “El asunto se escapa de lo meramente ambiental, es una cosa de sentido común, y los llamados a velar por esos derechos fundamentales son las Cortes y, por supuesto el Máximo Tribunal”, agregó.

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