INSUSTENTABILIDAD DE LA MINERIA
Peter Hartmann, Director CODEFF Aisén, Presidente Agrupación
Aisén Reserva de Vida.
Así como terminamos el año pasado con demostraciones de lo
insustentable de la minería regional, comenzamos este año con nuevas constataciones
de lo mismo.
Esta vez es Laguna Gold - El Toqui la que hace noticia. Vale
recordar que a fines del año pasado nos
encontramos con que “graves problemas económicos llevan al cierre de Mina El
Toqui” y el seremi de Minería aseguraba el 26 de diciembre que, “la situación
de minera El Toqui debe resolverse en los próximos 15 días”, decía ahí también
que se trataba de situaciones puntuales de la empresa, que era una situación
transitoria y que sus compromisos con los trabajadores estaban asegurados. Agregó
además, que la empresa se había visto
afectada por una baja en la producción y que los trabajadores “van a seguir
contando con la remuneración que corresponde”. Y ahora, 9 días después, resulta que Laguna Gold está en quiebra y El
Toqui finiquita 47 trabajadores y adeuda sueldos y cotizaciones sin haber
claridad del futuro de esa empresa.
Aparte del problema laboral, social y económico que la
paralización de esa minera implica, esto nuevamente vuelve a demostrar la
ninguna sustentabilidad de la minería, en este caso aquella regional. Como
decía el economista M. Max Neef años atrás, la única forma que la minería sea
sustentable es invirtiendo sus ganancias en armar una fuente económica y
laboral de reemplazo en el mismo lugar afectado, para cuando se agote el
mineral. Eso en lo económico, porque evidentemente en lo que es la
sustentabilidad ambiental esa minera
debe evitar impactos y retribuir al ambiente afectado, cuidando la salud de sus
trabajadores y vecinos y contar con un plan de cierre y abandono de sus
operaciones para dejar igual o mejor de como estaba antes. Y en lo social, debe respetar las costumbres
locales evitando trastornos en la comunidad. Todo esto, es lo que no ha
ocurrido desde que opera esa minera. De hecho, solo el año pasado tuvo que
pagar multas por sobre los 1.000 millones de pesos por incumplimientos
ambientales, a lo que se suma otra por un “accidente” laboral. Y por cierto las
multas no han solucionado los problemas, una multa no remueve los hasta 15
centímetros de relave acarreados por el viento hacia parte del vecindario, por
ejemplo.
Ahora, está claro que tenemos” un chancho al que le dan
afrecho”. Según algunos, el Estado chileno pierde 40 mil millones de dólares al
año en minerales que salen del país sin ningún control, esto es alrededor de
60% del presupuesto nacional, fondos con los cuales se podría financiar todas
las reformas que espera el país, y que sobre 80 % del mineral sale sin valor
agregado. Y además tenemos gobiernos y diputados bien remunerados que cuentan
con responsabilidades fiscalizadoras y legislativas para evitar que las mineras
transnacionales hagan eso, salvaguardando los intereses nacionales. ¡O al menos
que no ocurra lo que ha estado y está ocurriendo en El Toqui! Al menos eso se
supone. ¿Algún intento siquiera para que esas mineras paguen impuestos sobre sus utilidades más allá de un
royalty insignificante, a que esas mineras dejen en la región algo en reemplazo
del mineral que se llevan sin retorno? ¿Algún intento en salvaguardar el futuro
de esas comunidades que cuando se acabe el mineral se quedaran en la inopia,
con su ambiente contaminado, su estructura y valores sociales alterados? ¿Algún intento siquiera
de fiscalización y legislar? Ejemplos de
esos, de las consecuencias del saqueo o extractivismo, hay hartos en nuestro
país y región. Y de autoridades coludidas, haciéndose los desentendidos o con los pantalones abajo también. Aparte de
legislar y fiscalizar, se nos ocurre que entre los intentos de sustentabilidad hasta
podría haber una enseñanza en el liceo local de técnico agrícola o en turismo,
en vez de aquella de una minería sin futuro.
Y en cuanto a cómo la quiebra de una minera en Australia
viene a afectar a una comunidad aisenina, desde los tiempos del proyecto
Alumysa venimos advirtiendo sobre las consecuencias de la dependencia de
decisiones que se toman en gerencias ubicadas a miles de kilómetros en el mundo “desarrollado”, donde
evidentemente nuestros intereses regionales harto poco les importan. A los
accionistas esos solo les importa su dinero y nuestros recursos.
Finalmente, vale
recordar que el gobierno hace poco presento un “Plan de Desarrollo
Regional“ en el cual se la juegan por la
minería como foco de desarrollo, además de las actividades que ya contemplaba
la Estrategia Regional. Parece que su olfato político, así como cuando se
aprobó HidroAysén y a juzgar por lo que ha estado ocurriendo, nuevamente le está fallando.
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