LA
PARTICIPACION CIUDADANA Y EL ACUERDO DE ESCAZÚ
Peter Hartmann, Director CODEFF Aisén,
Presidente Agrupación Aisén Reserva de Vida.
Mientras escuchamos en una radio nacional una
publicidad del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, incitando a la
participación ciudadana, recordamos las conversaciones con y el trabajo
desarrollado por nuestro asesor legal, Erwin Sandoval, en ya mas de un año,
precisamente para poder lograr esa participación que el mismo SEA suele negar.
Ya desde los tiempos de los megaproyectos
tenemos claro que la participación ciudadana en el sistema de evaluación de
impactos ambientales de nuestro país, es más bien para guardar las apariencias
y que nuestro sufrido trabajo en observar esos estudios era como estrellarnos
contra un muro. Así y todo lo hacíamos porque servía para entender el proyecto,
darnos tiempo y poder judicializarlo. Y finalmente ahí, en las cortes y con el
apoyo político de los chilenos y algún(a) presidente(a), tanto esfuerzo tuvo su
recompensa y se impuso la razón. Por cierto también sirve para mejorar el
proyecto y asegurar la revisión de los servicios públicos. Es un hecho de que
los proyectos en que no existe atención ciudadana pasan el sistema de
evaluación raudos como por un túnel. Y
ahora último nos hemos estado encontrando con Declaraciones de Impacto
Ambiental, las que excluyen la participación, donde es evidente que
correspondía Estudio con participación.
Lo más insólito ha sido que ante nuestros reclamos, ha sido el SEA el
mas obtuso adversario, llegando a perder hasta en la Corte Suprema con sus
equivocados argumentos. ¿No tendrán nada mejor que hacer que obstruir la
participación ciudadana y hacer bien su trabajo?
Así nos ha ocurrido en los casos Mina
Javiera, donde la minera Cerro Bayo pretende vaciar las aguas de esa mina
inundada en la laguna Salitrosa, ubicada en un sitio prioritario de
conservación de la biodiversidad, y en el proyecto de prospección minera
Terrazas al lado de Puerto Ibáñez, en la Zona Nacional de Interés Turístico
Chelenko. En ambos, el insólito argumento del SEA era que no corresponde la
participación porque no hay beneficios para la comunidad. Cuando la
preocupación de la comunidad y que suponíamos seria la del SEA, ¡es evaluar y
evitar impactos ambientales! Y esto en áreas protegidas donde por ley
corresponde Estudio de Evaluación de Impactos. Algo parecido esta sucediendo
con otras prospecciones mineras, en Katerfield y Santa Teresa. Ahora último nos encontramos en el proyecto
de la central Los Maquis, con que fue el SEA el que le responde a Edelaysén de
que éste no requiere evaluación, cuando es evidente que afecta valores
ambientales de la Zona Nacional de Interés Turístico Chelenko.
En lo mismo, nos topamos con el conflicto
existente en Puerto Natales, donde Australis Seafood del consorcio chino Joyvio
Group (los mismos de la salmonera de la ballena muerta en la Isla Matilde y el basural en el Canal Costa) esta
construyendo una planta procesadora de recursos hidrobiológicos a un kilómetro
de Puerto Natales, capital del turismo de Torres del Paine y parques nacionales
Bernardo O’Higgins y Kawésqar. Este megaproyecto que abarca siete hectáreas,
evidentemente constituye una amenaza de contaminación y cambio sustancial de la
vida en las comunidades. Sin embargo, inexplicablemente, fue aprobado vía
Declaración de Impacto Ambiental, sin participación ciudadana. Aunque la
explicación podría ser que, históricamente el sistema de evaluación ha sido
presionado a bajarle el perfil a estas y facilitar los proyectos de inversión
en una errada visión cortoplacista nada de sustentable. Y así es como tenemos
tanto al SEA como a las Comisiones Ambientales Regionales (intendentes y
seremis) facilitando proyectos sin evaluación apropiada, a veces ni siquiera
respetando la ley, y sin participación ciudadana. ¿Miedo a la democracia?
En lo demás y en otro orden, los servicios
públicos así como las personas, tienen su imagen y aura. Es cosa de conocer de
cerca el SEA de Aysén en avenida OGANA, para encontrarnos con un lugar
ambientalmente degradado y vibras negativas, con mal o inexistente perfil
público y un director desconocido (esa es la idea parece) y en el cual en
alguna reunión hasta nos tuvieron bajo efecto de gases de parafina.
Finalmente y en la misma línea, tenemos la
férrea posición adversa del gobierno a suscribir el Acuerdo de Escazú. Un
acuerdo en el cual Chile fue uno de sus impulsores. Este tratado regional
ambiental de América Latina y el Caribe, asegura el pleno y efectivo ejercicio
de los derechos de acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esto es, la
plena información y participación ciudadana en decisiones que le afecten y la
protección a quienes se dedican al activismo ambiental. ¿Esto tiene algo de malo,
es peligroso, atenta contra la integridad nacional? Y por cierto que el mismo
gobierno tiene ningún reparo a suscribir el TTP 11 u otros tratados comerciales
que afectan nuestra soberanía. Y eso, sin participación ciudadana.
Publicar un Comentario